El objetivo es que el procedimiento actual sea remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, lo  que  tendría como consecuencia  un proceso  de varios años y el agravamiento de los perjuicios producidos a los agricultores  y  a la Vega de Granada en esos términos municipales.

La no paralización conllevaría la continuación y finalización de las obras en su actual estado, dados los plazos que conlleva un procedimiento contencioso administrativo, lo que ocasionaría una posterior reposición muy difícil y con cuantiosos perjuicios económicos para los afectados, que además deberían  realizarse mediante reclamaciones patrimoniales.