Asaja Extremadura considera que la decisión de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx de no aceptar  la medida cautelar pedida por esta organización agraria, y dar así vía libre a la celebración de las elecciones agrarias el próximo 12 de marzo, no cierra ni mucho menos el capítulo de graves y continuadas irregularidades cometidas por la Junta de Extremadura, que Asaja viene denunciando desde el inicio del proceso electoral.

Dicho auto sólo considera que ahora mismo no es oportuno tomar una medida tan importante como paralizar unas elecciones agrarias sin que realmente se estudie a fondo el cúmulo de irregularidades que ha denunciado Asaja Extremadura.

De hecho, el propio TSJEx, de forma paralela, sigue requiriendo más información a la Consejería de Medio Ambiente y Rural para que aporte nuevas pruebas para contrastar las denuncias planteadas por Asaja. “Este hecho demuestra que el proceso no está cerrado sino todo lo contrario”, aclara Ángel García Blanco, que asegura que esta organización agraria “está totalmente preparada” para acudir a las elecciones y ganarlas, “pero eso no significa que no estemos completamente convencidos de que la Junta de Extremadura está jugando con las cartas marcadas para intentar favorecer a una determinada organización agraria, y lo vamos a seguir denunciando”. García Blanco insiste de que se trata de un proceso “chapucero, sectario y que intenta favorecer claramente a unas siglas políticas”.

Una vez que el TSJEx ha optado por no conceder la petición de Asaja de suspender cautelarmente las elecciones, el auto insta a esta organización a interponer, unas vez pasados los , un recurso donde ya, sin las premura de la celebración inmediata de unas elecciones, se abra una investigación judicial que evalúe dichas irregularidades. “Por eso, se puede dar la gran paradoja,  y no lo descartamos, de que aunque se hayan celebrado las elecciones y haya unos resultados, posteriormente quede todo anulado por una sentencia judicial”, destaca el presidente de Asaja Extremadura.

El TSJEx iguala un proceso como el de las elecciones al campo en Extremadura con el de la unas elecciones generales al Gobierno de España y considera que Asaja, “a nuestro juicio erróneamente”, no tiene derecho a denunciar irregularidades en el censo electoral porque considera que esta organización, y el resto, no se encuentra dentro de dicho censo.

El órgano judicial si considera que lo podría hacer un afectado de forma directa, es decir, un agricultor, ganadero o persona jurídica que se hubiera sido excluido de dicho censo, pero no una organización agraria, cuestión ésta, en nuestra opinión, más que discutible desde el punto de vista jurídico, según los abogados de Asaja.