A las 10.00 en el Palacio de Justicia de Mérida

Este lunes se celebrará el juicio tras la demanda interpuesta por la organización profesional agraria APAG EXTREMADURA ASAJA contra los abusos y perjuicio económicos que afectan a agricultores y ganaderos por la implantación de las tasas de la Guardia Rural. En concreto, este juicio se centra contra la decisión del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer y la entidad que cobra la tasa municipal, el OAR (el Organismo Autónomo de Recaudación).

A esta organización agraria no le ha quedado más remedio que acudir a la vía judicial tras agotar todos los intentos de diálogo con el alcalde de dicha localidad, que se negó en todo momento a establecer conversaciones para llegar a un acuerdo entre las partes e intentar buscar vías de solución al abuso que se está produciendo no sólo por este ayuntamiento sino también por otros de la provincia de Badajoz que han seguido el camino de expoliar los bolsillos de los agricultores y ganaderos para un servicio ineficaz, mal prestado y que sólo tiene como objetivo el afán recaudador de los ayuntamientos y cargar con más impuestos al mundo rural.

Además, hay que indicar que el servicio de vigilancia, cuando se produce, se realiza en muchos casos en horario de mañana, que es precisamente cuando los propietarios se encuentran en sus fincas y, por lo tanto, durante esas horas no se producen los robos. Otra cuestión sería si se establecieran unos horarios más adecuados, sobre todo por la tarde y por la noche, que es cuando se producen la gran mayoría de hurtos y daños.

 Pero es que además las personas encargadas de prestar este servicio no tienen medios materiales para llevarlo a cabo; es decir, no disponen de métodos ni instrumentos necesarios para enfrentarse a los ladrones, además de no estar especializados para dicho trabajo.

En el caso concreto de Puebla de Alcocer, el ayuntamiento aprobó una partida de 25.000 euros para la adquisición de vehículos para el servicio de vigilancia de guardería rural. Pues bien, no existen tales vehículos, al menos circulando por las fincas en las que se ha de hacer la vigilancia.

Igualmente se desconoce el número de teléfonos móviles de los supuestos guardas rurales.

En definitiva, no hay establecimiento de servicio de guardería rural alguno, no hay ningún personal que se conozca que ejerza la función de Guarda rural, no hay nadie vigilando los campos, ni se ha adquiridos vehículos para la prestación del servicio,  ni hay tampoco en el expediente del Servicio de Guardería Rural incidencia alguna comunicada por el personal que presuntamente ejerce las funciones de Guarda Rural, a pesar de haberse producido varios robos en nuestros campos.  

Por otra parte, el precio que se cobra a los propietarios es completamente abusivo, desigual de unas poblaciones a otras, sin ningún tipo de control ni justificación y, por supuesto, desproporcionado e injustificado para la labor que realmente prestan. Más bien, estas tarifas parece que la ponen los alcaldes para obtener partidas económicas que sirven para cubrir otro tipo de servicios municipales y no precisamente para vigilar los campos.

Las quejas de los agricultores y ganaderos es total porque ellos nunca han pedido que se les preste este servicio sino que se los han impuesto por la fuerza, han llegado ya a tal extremo que la indignación es evidente, teniendo en cuenta además la situación económica de las producciones lo que menos precisa en estos momentos es precisamente que se graven con más tasas. Los bolsillos de los agricultores y ganaderos ya se encuentran lo suficientemente dañados como para encima que se siga abusando de ellos por parte de los políticos.

 Como ejemplo de ello ponemos el caso del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, que cobra dos euros por hectárea y seis euros al año a cada titular.