Los abogados, Santiago Vega y César Acosta, se avalan en la modificación del REF y en la sentencia del TSJC rechazando así la interpretación de Hacienda contraria a la rectroactividad de esta norma Así lo expusieron durante la charla coloquio organizada por ASAGA Canarias, la Consejería de Agricultura y GMR

 

Los expertos en Derecho Fiscal, Santiago Vega Montesdeoca, abogado y profesor de Derecho de la ULPGC y César Acosta Criado, socio de Garrigues y profesor de la Universidad Europea de Canarias (UEC), recomiendan que los ingresos percibidos por las ayudas que provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y del Programa de Apoyo a los importes de las ayudas procedentes del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) se incluyan, tanto en el Impuesto de Sociedades (IS) como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al año 2018 para que puedan beneficiarse del 50% de la bonificación fiscal.

            Esta recomendación la hicieron durante la charla coloquio que organizó ASAGA Canarias en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), en la sede Central de Cajasiete de Santa Cruz de Tenerife, basándose en la modificación del artículo 26 del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Ley 8/2018 así como en la posterior sentencia, emitida el pasado 11 de febrero, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

            En dicha sentencia, no solo se blinda la deducción de estas compensaciones destinadas a paliar las dificultades por lejanía e insularidad que tienen los agricultores y ganaderos canarios a la hora de producir al entenderlas como parte del precio para poder ser competitivos, sino que posibilita a los productores poder solicitar a Hacienda la devolución correspondiente, siempre que no hayan pasado más de cuatro años y siempre que no se cuente con una sentencia en firme, en cuyo caso no se podrá reclamar.

            Por su parte, la Agencia Tributaria ha rechazado esta posible retroactividad - término que tanto Vega como Acosta prefieren no utilizar al entender que la modificación del REF supone una aclaración de la normativa y no un cambio de la misma- presentando un recurso al Tribunal Supremo (TS) para solicitar que la inclusión de estas ayudas en el cómputo de la bonificación fiscal del 50% del IS y del IRPF solo sea posible a partir del 1 de enero de 2019.  Hay que tener en cuenta el impacto económico que supondría para las arcas del Estado la devolución de estas cuantías que, según los cálculos, ascienden aproximadamente a 6 millones de euros anuales, lo que vendría a suponer unos 24 millones de euros en total si se contabilizan los cuatro años en los que se puede presentar una reclamación.

            En cualquier caso, los abogados advierten que la última palabra la tiene el TS que primero tendrá que admitir a trámite el recurso presentado por Hacienda y, posteriormente, pronunciarse a favor o en contra. Si al final el TS le da la razón, los productores afectados, aunque no serán sancionados, tendrán que devolver la parte correspondiente de la bonificación de 2018 más los recargos e intereses establecidos por la Agencia Tributaria. Con respecto a los años anteriores, estos dos expertos son partidarios de recurrir, si no una hay un sentencia firme, y esperar a que se pronuncie el TS.