APAG Extremadura ASAJA, ASAJA Cáceres y UPA-UCE Extremadura han reiterado nuevamente su rechazo al anteproyecto de la Ley de la Dehesa, ya que esta norma se ha diseñado desde el deseo de intervenir sobre los usos y actividades ganaderas en la dehesa.

 

El rechazo conjunto se ha llegado a manifestar una vez más este martes en la presentación realizada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio del anteproyecto de la Ley de la Dehesa a las OPAS más representativas de Extremadura .

En la reunión, los máximos dirigentes de las tres OPAS, Juan Metidieri, Ángel García e Ignacio Huertas, respectivamente, han argumentado que su malestar nace de la falta de consenso de la Junta en la redacción de la norma con los agricultores y ganaderos, “responsables de este ecosistema único”.

Además, la ley contempla una serie de trabas burocráticas que “pueden poner en peligro la rentabilidad agraria”, por no hablar del “abusivo” régimen sancionador, con multas de hasta 1,2 millones de euros.

Asimismo, sostienen que de esta norma subyace una inclinación ambientalista en el tratamiento de la dehesa, con excesivo proteccionismo en su planteamiento, lo que perjudicaría gravemente la labor de los profesionales del campo.

Su marco regulatorio se suma a las cuestiones negativas sobre las que se sustenta este anteproyecto. En este sentido, los tres dirigentes agrarios han coincidido en que la dehesa ya está suficientemente regulada, con restricciones como las medidas de protección enfocadas a la sanidad animal y vegetal o la Ley de Montes.

Por último, critican que la dehesa, a pesar de su importancia para la economía extremeña,  no cuenta con un presupuesto ambicioso y con capacidad económica suficiente para  solventar problemas que son inabordables por los ganaderos y propietarios debido a su coste y dimensión, importancia y complejidad, tales como su regeneración o la enfermedad de la seca.

“La dehesa es una joya social y medioambiental que requiere un proyecto fuerte y  medidas que contribuyan a su productividad. En lugar de esto, nos presentan una ley burocratizada y carente de soluciones que realmente faciliten la labor de quienes con nuestro trabajo y esfuerzo contribuimos a su mantenimiento y conservación”, han esgrimido.

Por todo ello las tres OPAS han solicitado la anulación del anteproyecto y han exigido que su redacción se lleve a cabo de forma consensuada, con todos los agentes implicados.