La organización agraria Asaja Córdoba pide a la Junta de Andalucía rectificar su posición respecto a las comunidades de bienes en las ayudas de modernización, así como a las sociedades civiles y demás entes sin personalidad jurídica que quedarían excluidos de percibir ayudas a la modernización de sus explotaciones agrarias a pesar de que la propia consejería aprobó una Orden en septiembre que las incluía.

Tras la publicación de la convocatoria de las bases reguladoras de estas subvenciones, se excluían a las comunidades de bienes, sociedades civiles y agrupaciones sin personalidad jurídica, si bien tras las presiones recibidas desde Asaja, la Junta rectificó la normativa reguladora para que las explotaciones agrarias gestionadas a través de comunidad de bienes, sociedades civiles y demás entes sin personalidad, muy habituales en Andalucía, pudiesen solicitar estas ayudas tan necesarias para mejorar la competitividad y el rendimiento de sus explotaciones.

Sin embargo, Asaja Córdoba lamenta que “ahora nos encontramos con que, según la previsión de la publicación de las resoluciones provisionales de estas ayudas, ninguna comunidad de bienes andaluza percibiría dinero alguno, ya que no existe ninguna en el listado de beneficiarios provisionales”. Así lo ha trasladado la Consejería a Asaja, confirmando nuestros peores temores.

En concreto, existen aproximadamente unas 400 solicitudes de comunidades de bienes denegadas, según la información de las que disponemos las organizaciones agrarias.

Por otro lado, Asaja Córdoba manifiesta su sorpresa tras analizar los listados de beneficiarios provisionales y comprobar que de 1.435, sólo han sido incluidas 77 de sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedad agraria de transformación o sociedad cooperativa andaluza.

Todo ello, supone un “agravio” más para los agricultores andaluces, que se sienten decepcionados nuevamente al no cumplir la Junta de Andalucía con lo que previamente había anunciado.

Hemos sido pacientes, hemos calmado los ánimos de a los agricultores de explotaciones familiares, hemos estado expectantes y confiados con que se resolvía el caos –tal y como prometía la consejería a las Organizaciones Profesionales Agrarias- y se publicaba la resolución corregida, aún con meses de retraso”.